El Ayuntamiento de Los Palacios condenado por impago durante 10 años a un proveedor

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Después de dos largos procedimientos judiciales, los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla han obligado al Ayuntamiento de Los Palacios a abonar una larga serie de facturas presentadas en su día por un proveedor local, que llevaban casi diez años sin ser abonadas tras los procedimientos judiciales tramitados por  la firma sevillana MOREANA Abogados que dirige el abogado Carlos Fidalgo.

El proveedor, una empresa familiar del sector de la construcción, recurrió a los servicios de MOREANA -según informa el despacho- tras años de gestiones infructuosas ante los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento. Los suministros que dieron lugar a las facturas impagadas generalmente tuvieron su origen en encargos realizados en período de elecciones y tramitados de forma irregular por los concejales implicados. Las facturas que la empresa fue presentando al pago, generalmente iban a parar a los cajones del equipo de gobierno saliente cuando las
elecciones cambiaban el color político de la corporación.

Las reclamaciones de la empresa iban así cayendo en saco roto, pues los nuevos responsables municipales demoraban y demoraban el pago de las facturas con excusas burocráticas y culpando al equipo municipal anterior.

Tras un primer procedimiento judicial en el que, para sorpresa del proveedor, el Ayuntamiento desarrolló una agresiva defensa y llegó a negar la deuda, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla dictó sentencia íntegramente estimatoria a favor de la empresa, con intereses y costas. Posteriormente a la
sentencia, aún tuvo el despacho que solicitar la ejecución forzosa y el embargo de propiedades y activos del Ayuntamiento. Sólo cuando el Juzgado amenazó con embargar bienes personales del Alcalde, el Ayuntamiento acabó librando los pagos.

En un segundo procedimiento por facturas posteriores, fue el Juzgado número 14 el que volvió a condenar a la corporación. Esta segunda condena aún está en ejecución,  pues el Ayuntamiento no ha pagado todavía los intereses añadidos a la condena principal.

Al sumar al importe inicial los intereses y las costas judiciales, el importe que la corporación ha acabado pagando ha supuesto casi un 200% de las facturas originarias.

Según Carlos Fidalgo, de MOREANA  Abogados, “es desgraciadamente frecuente que los Ayuntamientos, especialmente en período de elecciones, soliciten a sus proveedores bienes o servicios para abordar obras y asegurar votos. Al realizarse sin contratación administrativa en regla, los proveedores luego suelen encontrarse con retrasos inadmisibles en el pago, o incluso con la negativa del nuevo equipo municipal a hacerse cargo de las facturas que el anterior gobierno dejó en el cajón”.

Sin embargo, hay salida para estas situaciones, afirma Fidalgo: “la ley proporciona herramientas lentas pero al final eficaces, para conseguir que los proveedores consigan acabar cobrando todo lo que se les debe, con unos sustanciales intereses”.

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